La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada para elaborar contratos, revisar documentos y preparar propuestas comerciales. Su uso puede ahorrar tiempo y facilitar la organización de información, pero existe un riesgo que no debemos pasar por alto: un contrato puede parecer jurídicamente correcto y, aun así, contener contradicciones, omisiones o cláusulas que no protejan adecuadamente los intereses de una empresa.
En nuestra experiencia nos hemos encontrado con contratos que, al ser revisados en detalle, presentan inconsistencias importantes, especialmente en materias tecnológicas y de propiedad intelectual.
El problema no es utilizar inteligencia artificial. El problema es confiar en el resultado sin verificarlo.
1. ¿Qué riesgos tienen los contratos redactados con inteligencia artificial?
Una herramienta de IA puede generar un documento ordenado, utilizar terminología jurídica e incluso proponer cláusulas que parecen completas. Sin embargo, la calidad de un contrato no depende únicamente de cómo está redactado.
Un contrato debe ser coherente en su conjunto, responder a la operación que las partes desean realizar y ajustarse a la legislación aplicable.
Entre los problemas que pueden presentarse se encuentran:
- Cláusulas que se contradicen entre sí.
- Obligaciones relevantes que no están reguladas.
- Referencias normativas que requieren verificación.
- Disposiciones genéricas que no responden a las particularidades del negocio.
- Derechos y responsabilidades que no están suficientemente delimitados.
- Falta de regulación sobre qué ocurrirá cuando termine la relación contractual.
Estas deficiencias pueden pasar inadvertidas cuando la revisión se limita a comprobar que el documento esté bien escrito.
2. Un ejemplo frecuente: ¿quién es realmente el titular del código fuente?
Pensemos en una empresa que contrata a un proveedor para desarrollar un software.
El contrato establece en una cláusula que todos los desarrollos realizados durante el proyecto serán de propiedad exclusiva de la empresa contratante. Sin embargo, en otra disposición señala que el proveedor conservará la titularidad de sus herramientas, componentes, bibliotecas de código, metodologías y demás elementos utilizados en el desarrollo.
¿Existe necesariamente una contradicción? No siempre. Un proveedor puede legítimamente conservar la titularidad de herramientas o componentes preexistentes y, al mismo tiempo, transferir los derechos correspondientes sobre los desarrollos creados específicamente para el cliente.
El problema aparece cuando el contrato no distingue adecuadamente ambas categorías o no determina qué derechos podrá ejercer la empresa sobre los componentes incorporados al software.
En ese escenario, pueden surgir dudas relevantes:
- ¿Qué elementos del software pertenecen a la empresa y cuáles al proveedor?
- ¿Puede la empresa modificar el código fuente o contratar a un tercero para hacerlo?
- ¿Puede continuar utilizando el software si termina la relación con el desarrollador?
- ¿Qué derechos tiene sobre las bibliotecas y herramientas incorporadas al proyecto?
- ¿Se han regulado correctamente las autorizaciones o licencias necesarias para utilizar esos componentes?
Una cláusula que declara que el software pertenece a la empresa no necesariamente resuelve todas estas cuestiones.
La titularidad del código fuente, los derechos de propiedad intelectual y las facultades de uso, modificación y mantenimiento deben regularse de manera coherente y conforme a la normativa aplicable.
3. La inteligencia artificial puede equivocarse al interpretar la normativa
Otro aspecto fundamental es la verificación de las normas jurídicas utilizadas en la redacción.
Una respuesta convincente no garantiza que la disposición citada exista, esté vigente o sea aplicable a la situación concreta. Por eso, las referencias legales deben contrastarse con fuentes oficiales y analizarse considerando el contexto del contrato.
En Chile, por ejemplo, los contratos que involucran software y derechos de autor deben revisarse considerando la Ley N.º 17.336 sobre Propiedad Intelectual y las demás disposiciones que resulten aplicables.
No basta con incorporar una declaración general sobre la propiedad de los desarrollos. Es necesario verificar que el mecanismo contractual utilizado sea adecuado para los derechos que se pretende transferir o autorizar.
La revisión también debe considerar la naturaleza de los resultados, las partes involucradas, el alcance de las obligaciones y las posibles limitaciones legales.
4. La revisión preventiva de contratos puede evitar problemas futuros
Esperar a que surja un conflicto para analizar un contrato puede reducir las alternativas disponibles y aumentar los costos de resolver la controversia.
Una revisión preventiva permite detectar inconsistencias antes de la firma, aclarar las obligaciones de las partes y evaluar si el documento protege adecuadamente los intereses de la empresa.
En Versatilis Abogados entendemos la asesoría jurídica como una herramienta de prevención. Por eso, revisar un contrato significa analizar no solo lo que dice, sino también sus efectos, sus omisiones y los riesgos que podría generar en la práctica.
La inteligencia artificial puede ayudarte a redactar. Pero la protección jurídica exige análisis, conocimiento y verificación.
¿Tu empresa está por firmar un contrato de desarrollo de software o prestación de servicios tecnológicos?
En Versatilis Abogados podemos ayudarte a revisar sus cláusulas, identificar riesgos y evaluar si las disposiciones sobre propiedad intelectual, responsabilidades y término del contrato responden a las necesidades de tu negocio.
Porque un contrato no debe limitarse a parecer correcto: debe estar diseñado para proteger los intereses de tu empresa.
